La garantía de un producto es de dos años si la compra la realiza un particular y de seis meses si la hace una empresa, según establece la legislación española. El vendedor es el primer responsable de tramitar la misma, pero éste la puede reclamar a su vez al importador o fabricante. Los problemas surgen cuando el vendedor no tiene sede fiscal en un país comunitario. Por el contrario, los productos fabricados en Asia e importados por una empresa española tienen la misma garantía que los europeos por lo que se refiere al consumidor final.
El quid de la cuestión de la garantía de un producto reside, pues, en el domicilio fiscal de la empresa que lo comercializa, ya sea a consumidores particulares o a otras empresas. Recientemente, se han puesto de moda los marketplaces online para comprar en China y distribuir en España. De cara al comprador, el hecho de que el vendedor tenga almacén en nuestro país no implica que esté obligado a ofrecer la garantía europea si el domicilio fiscal de la factura es extraeuropeo.
La garantía de un producto es competencia del vendedor y, en segunda instancia, del fabricante o importador. Los marketplaces online sin domicilio fiscal en nuestro país están exentos de cumplir con la legislación española. Solo importar a través de una empresa con sede social en España, como Bull Importer, asegura poder reclamar sin complicaciones
Garantía, una cuestión de domicilio fiscal
Comprar a un vendedor asiático que solo tiene sede fiscal en su país puede tener como consecuencia un sinfín de trámites administrativos y cuantiosos gastos si el producto tiene un defecto de fabricación. Este tipo de vendedores o distribuidores no están obligados por la legislación europea, con lo que no es posible exigir dos años de garantía.
Las empresas españolas que importan a través de marketplaces online con almacén en nuestro país tampoco estarían obligadas si, como hemos explicado, su domicilio fiscal está en Asia. Aunque esta información debería aparecer tanto en la publicidad como en las condiciones de venta, en ocasiones no es así. Averiguar dónde se encuentra la sede social en estos casos puede resultar complicado. Para conocer el domicilio fiscal, antes de realizar la compra habría que investigar en internet tratando de hallar la denominación social de la empresa.
Solo en el caso de que el vendedor esté domiciliado en España o en otro país de la Unión Europea la garantía legal mínima será de dos años para el consumidor final y de seis meses para las empresas. El vendedor es el responsable de tramitar la garantía del producto y de asumir los costes de envío, en caso necesario.
Cuando la compraventa se realiza con una empresa radicada fuera del ámbito territorial de los veintisiete estados miembro, la garantía se aplica en función de los convenios internacionales que puedan existir para ese caso concreto.
Aunque los vericuetos legales pueden parecer complicados es, en realidad, sencillo. Ya sea para abastecer su línea de fabricación o para vender en tiendas, una empresa que importa productos o componentes debería siempre confiar en una empresa de gestión global como Bull Importer, que pueda asegurar que los derechos del consumidor quedan protegidos.
Las compras transfronterizas, es decir, las realizadas entre los estados miembros de la Unión Europea, sí están cubiertas por las mismas garantías que indica la legislación europea, ya que no se consideran importaciones. Además, en caso de que el comprador quiera reclamar, dispone de la red de Centros Europeos del Consumidor. Estos organismos atienden gratuitamente las cuestiones relacionadas con una compra en los países miembro e intervienen como mediadores en las quejas y reclamaciones, asistencia lingüística incluida.
